8 análisis elaborados sobre los 8,387 arbitrajes de contratación pública que publica el OECE: cuánto duran, quién elige el centro, cómo se reparten las participaciones y qué exigen los registros del sector. Cada uno con su versión en PDF.
Datos del Banco de Laudos del OECE con corte al 22 de mayo de 2026. Ver la radiografía completa.
La resolución del domingo mueve una sola línea de la directiva del REGAJU: el plazo de adecuación pasa de 30 a 180 días. Ningún requisito cambió: los 100 metros cuadrados y las certificaciones siguen exigidos. Lo que se reclamó ante Indecopi fueron los requisitos, no el plazo.
Casi todo el arbitraje del Estado es institucional. El Observatorio midió cuánto tarda cada centro en llegar al laudo: entre los principales, la mediana va de unos 7 a unos 17 meses. Parte de esa brecha es el tamaño del caso —pero no toda—.
La referencia habitual habla de «uno a dos años». El Observatorio ordenó la foto real: la mitad de los arbitrajes de contratación pública se resuelve en unos 14 meses, pero una minoría se extiende años y sube el promedio a casi 18. Cuánto dura —y de qué depende— en cifras.
En los laudos de contratación pública que analiza el Observatorio, un grupo consolidado de árbitros reúne buena parte de las participaciones, mientras un tercio figura una sola vez. Un retrato en cifras de cómo se distribuye la confianza.
La norma vigente elige la institución arbitral por sorteo electrónico, pero solo como último recurso y a través de una plataforma que aún no está activa. El registro del propio OECE deja ver el fondo del asunto: por más que se sortee o se elija, hay muy poco de dónde elegir.
Una directiva del OECE —ya en consulta— traduciría la ley en metros cuadrados, certificaciones ISO y plazos de 30 días para los centros de arbitraje. El registro del propio organismo muestra a quién alcanza.
Un informe técnico aún no oficial propone modificar el Reglamento de la Ley N.º 32069 en dos puntos sensibles: cómo se elige la institución arbitral y qué forma jurídica deberá tener. Lo que acierta, lo que no sustenta y lo que podría complicar.
El registro arbitral obligatorio ya entró en vigencia, pero no prevé sanción para quien no se inscribe —y cerca de 1 de cada 4 árbitros que siguió laudando no figura en él—. Por qué eso suma burocracia, no transparencia.